¿Acabará con las deudas con Hacienda el protocolo firmado por el gobierno y los equipos de fútbol?
El pasado 25 de abril, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional
firmaron un protocolo con el objetivo de acabar con los continuos impagos de
los equipos de sus obligaciones fiscales. Curiosamente el ministerio afectado,
el de Hacienda, no participa en el protocolo.
Las principales medidas son tres:
1)
La obligación de depositar el 35% de los pagos del
operador de derechos audiovisuales en la
LFP que sería destinado en primer lugar a pagar las deudas
pendientes con Hacienda y después al pago de las deudas generadas por su
actividad relacionada con el fútbol. Los equipos tendrán que presentar un certificado
de estar al corriente de sus obligaciones tributarias. El problema es que ese
certificado se obtiene aunque haya cantidades pendientes de pago siempre y
cuando Hacienda haya aceptado el aplazamiento de su pago. Por esa razón muchos
equipos dicen públicamente que no tienen deudas con Hacienda, no porque hayan
pagado en plazo sus impuestos sino porque han logrado que la administración les
fraccione el pago y se encuentran al corriente del pago de ese fraccionamiento
aunque no de la cantidad original.
2)
Sanciones deportivas incluyen la pérdida de puntos por
parte de la LFP
para aquellos equipos que incumplan los aplazamientos de pago de sus
obligaciones tributarias. Realmente no es ninguna medida novedosa ya que está
incorporado en el
juego limpio financiero de la liga española. De nuevo el problema es que es
necesario que Hacienda quiera cobrar, hasta ahora los aplazamientos se han ido
encadenando unos con otros. Mientras Hacienda los siga concediendo, no se
podría aplicar las sanciones deportivas.
3)
La tercera medida es la más contundente y la menos
comentada en los medios de comunicación. Si un equipo aumenta el volumen de su
deuda tributaria aplazada, lo habitual hasta ahora, se le podrá obligar a
transferir los derechos federativos de los jugadores de su plantilla. Es decir,
se le obligará a vender a jugadores para saldar ese aumento deuda aplazada que
evita los subterfugios de las dos anteriores medidas. Sin llegar al extremo de
sacar a la venta la propia plaza del equipo en la Primera o Segunda división
que reportaría importantes ingresos a Hacienda como mostró el caso de la venta
del Ciudad de Murcia y su traslado a Granada, sí que supone un sistema para
que se pague las deudas tributarias aunque el embargo de bienes es ya una
potestad que tiene la Agencia Tributaria
y nada le impediría ejecutarla en los equipos de fútbol aunque no se hubiese
firmado este protocolo.
¿Cuál es el problema del
protocolo? Que se cumpla. El artículo 13.1 del Real Decreto sobre Sociedades
Anónimas Deportivas de 1991 establecía que “los Administradores estarán
obligados a constituir mancomunadamente fianza mediante aval, hipoteca, prenda
con o sin desplazamiento, u otra garantía suficiente”. En teoría ese aval
serviría para evitar que se volvieses a repetir los elevados endeudamientos que
arrastraban los equipos en la década de los ochenta. Parecía una buena idea, en
caso de haber impagos se ejecutaba el aval y se resarcía a los afectados. Los
administradores deseosos de que no se ejecutase el aval tendrían una gestión
prudente y sin endeudamientos.
Pero la historia no fue así y esa
normativa no impidió el enorme endeudamiento que tienen ahora los equipos
españoles. Incluso se produjo la aberración de la liga de 22 equipos de 1995
cuando la LFP
aplicó la sanción del descenso a segunda a Celta y Sevilla por no presentar dichos
avales para después rectificar pero sin tampoco retirar el derecho a participar
a los dos equipos que habían recuperado la permanencia gracias la sanción a
dichos equipos.
Por tanto es más importante el
cumplimiento de las normas ya existentes, tanto deportivas como tributarias, que la
promulgación de nuevas. Y es también un problema cultural. Si las aficiones de
Sevilla y Celta se manifestaron en los noventa contra la sanción a sus equipos
por la incompetencia de sus gestores, con más motivo se deberían manifestar los
aficionados de equipos de toda España exigiendo que sus equipos cumplan con sus
obligaciones fiscales. Tal vez algún día el civismo alcance a la Liga de Fútbol Profesional y
publiquen gráficos como éste que aparece en el último anuario de la Bundesliga (ver post La
receta de la Bundesliga) mostrando el importe de impuestos que abonan.
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