¿Acabará con las deudas con Hacienda el protocolo firmado por el gobierno y los equipos de fútbol?


El pasado 25 de abril, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional firmaron un protocolo con el objetivo de acabar con los continuos impagos de los equipos de sus obligaciones fiscales. Curiosamente el ministerio afectado, el de Hacienda, no participa en el protocolo.

Las principales medidas son tres:

1)      La obligación de depositar el 35% de los pagos del operador de derechos audiovisuales en la LFP que sería destinado en primer lugar a pagar las deudas pendientes con Hacienda y después al pago de las deudas generadas por su actividad relacionada con el fútbol. Los equipos tendrán que presentar un certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias. El problema es que ese certificado se obtiene aunque haya cantidades pendientes de pago siempre y cuando Hacienda haya aceptado el aplazamiento de su pago. Por esa razón muchos equipos dicen públicamente que no tienen deudas con Hacienda, no porque hayan pagado en plazo sus impuestos sino porque han logrado que la administración les fraccione el pago y se encuentran al corriente del pago de ese fraccionamiento aunque no de la cantidad original. 

2)      Sanciones deportivas incluyen la pérdida de puntos por parte de la LFP para aquellos equipos que incumplan los aplazamientos de pago de sus obligaciones tributarias. Realmente no es ninguna medida novedosa ya que está incorporado en el juego limpio financiero de la liga española. De nuevo el problema es que es necesario que Hacienda quiera cobrar, hasta ahora los aplazamientos se han ido encadenando unos con otros. Mientras Hacienda los siga concediendo, no se podría aplicar las sanciones deportivas.

3)      La tercera medida es la más contundente y la menos comentada en los medios de comunicación. Si un equipo aumenta el volumen de su deuda tributaria aplazada, lo habitual hasta ahora, se le podrá obligar a transferir los derechos federativos de los jugadores de su plantilla. Es decir, se le obligará a vender a jugadores para saldar ese aumento deuda aplazada que evita los subterfugios de las dos anteriores medidas. Sin llegar al extremo de sacar a la venta la propia plaza del equipo en la Primera o Segunda división que reportaría importantes ingresos a Hacienda como mostró el caso de la venta del Ciudad de Murcia y su traslado a Granada, sí que supone un sistema para que se pague las deudas tributarias aunque el embargo de bienes es ya una potestad que tiene la Agencia Tributaria y nada le impediría ejecutarla en los equipos de fútbol aunque no se hubiese firmado este protocolo.  

¿Cuál es el problema del protocolo? Que se cumpla. El artículo 13.1 del Real Decreto sobre Sociedades Anónimas Deportivas de 1991 establecía que “los Administradores estarán obligados a constituir mancomunadamente fianza mediante aval, hipoteca, prenda con o sin desplazamiento, u otra garantía suficiente”. En teoría ese aval serviría para evitar que se volvieses a repetir los elevados endeudamientos que arrastraban los equipos en la década de los ochenta. Parecía una buena idea, en caso de haber impagos se ejecutaba el aval y se resarcía a los afectados. Los administradores deseosos de que no se ejecutase el aval tendrían una gestión prudente y sin endeudamientos.

Pero la historia no fue así y esa normativa no impidió el enorme endeudamiento que tienen ahora los equipos españoles. Incluso se produjo la aberración de la liga de 22 equipos de 1995 cuando la LFP aplicó la sanción del descenso a segunda a Celta y Sevilla por no presentar dichos avales para después rectificar pero sin tampoco retirar el derecho a participar a los dos equipos que habían recuperado la permanencia gracias la sanción a dichos equipos.

Por tanto es más importante el cumplimiento de las normas ya existentes, tanto  deportivas como tributarias, que la promulgación de nuevas. Y es también un problema cultural. Si las aficiones de Sevilla y Celta se manifestaron en los noventa contra la sanción a sus equipos por la incompetencia de sus gestores, con más motivo se deberían manifestar los aficionados de equipos de toda España exigiendo que sus equipos cumplan con sus obligaciones fiscales. Tal vez algún día el civismo alcance a la Liga de Fútbol Profesional y publiquen gráficos como éste que aparece en el último anuario de la Bundesliga (ver post La receta de la Bundesliga) mostrando el importe de impuestos que abonan.

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